La fiscal general de la Cámara Nacional de Casación Penal, Adriana García Netto, solicitó que se revoquen las absoluciones del ex jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, Rubén Paccagnini, y del ex juez militar Jorge Enrqiue Bautista, quienes fueron juzgados por el asesinato de 16 prisioneros y la tentativa de homicidio de otros tres en la denominada "Masacre de Trelew" perpetrada el 22 de agosto de 1972.

Además, solicitó la revocación de la excarcelación que benefició a dos de los condenados y de la prisión domiciliaria del restante.
De esta forma, la fiscal requirió a la Sala III del máximo tribunal penal que haga lugar a los recursos presentados por el fiscal general de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, y por la querella.

En octubre pasado, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino y declaró que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles, aunque indicó que Sosa y Del Real debían seguir excarcelados y Marandino, en domiciliaria, tal como llegaron todos al juicio oral.

El tribunal también absolvió a Jorge Enrique Bautista, entonces Juez Militar Ad Hoc, designado para realizar la investigación de la actuación del personal militar en los hechos, quien estaba imputado por encubrir los crímenes, y a Rubén Norberto Paccagnini, ex Jefe de la Base Aeronaval, a quien se acusó de formar parte de la cadena de transmisión de las órdenes que culminaron con el fusilamiento de los presos políticos.
La fiscal García Netto consideró que respecto de Paccagnini existen sobrados elementos para condenarlo en calidad de autor mediato.
En la cadena orgánica de mandos, Paccagnini se ubicaba en un segundo nivel o jerarquía intermedia dado que ejercía el control e impartía órdenes en el ámbito de la Base Aeronaval Almirante Zar, a la vez que recibía instrucciones y se reportaba periódicamente con la jerarquía militar, tal como surge de la declaración prestada por el mismo imputado, precisó la fiscal de casación.

En tanto, la fiscal también solicitó la revocación de las excarcelaciones de Sosa y Del Real, y la prisión domiciliaria con la que fue beneficiado Marandino.
La fiscal calificó la decisión de arbitraria porque los magistrados no aplican la doctrina que sobre el riesgo procesal en causas en las que se investigaron y juzgaron delitos de lesa humanidad desarrolló la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión pone en peligro el cumplimiento de la sentencia condenatoria por hechos que constituyen delitos de lesa humanidad y cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional del Estado argentino, sostuvo.