La resolución no fija fecha del debate oral y público, pero es considerada la antesala judicial de esa instancia en la que se encuentran 14 imputados quienes comparecerán ante Guanrizoli, quien es juez correccional, condición que marca que nadie irá preso ya que el delito es excarcelable.

En su resolución, el magistrado del Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera cita “a prestar declaración testimonial” al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; al gobernador Mario Das Neves, y al periodista y dirigente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, entre otros.La causa se inició el 17 de marzo de 2006 cuando el juez federal de entonces, Jorge Pfleger, encabezó una delegación de ese tribunal que allanó la oficina donde funcionaba el servicio de Inteligencia Naval. Secuestró documentación y equipo informático en la guarnición militar de Trelew.

Entre los papeles incautados figuraban informes con datos personales de dirigentes políticos y sociales como así también consideraciones y apuntes que evidenciaban la actividad de espionaje a civiles desde esa base de la Armada, tarea expresamente prohibida por la ley de seguridad interior.

Los primeros indicios colectados por la Justicia Federal de Rawson tuvieron una repercusión inmediata en el orden nacional y se tradujeron en el alejamiento del vicealmirante Pablo Rossi, ex director de inteligencia naval y del contralmirante Eduardo Luis Avilés, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Operaciones Navales. Ambos cuadros de la Armada fueron removidos por expreso pedido de la ministro de Defensa, Nilda Garré, quien puso en marcha un mecanismo de reforma y control de la inteligencia militar.Al mes siguiente de iniciarse la investigación, el juez Pfleger renunció y pasó a desempeñarse como integrante del Superior Tribunal de Justicia. Tras varias idas y vueltas, la causa quedó en manos del actual juez federal de Rawson, Hugo Sastre. En la investigación lo acompañó activamente el fiscal federal Fernando Gélvez.La investigación se inició por una denuncia del cabo Carlos Alegre, quien trabajaba en las oficinas de Inteligencia de la base Almirante Zar de Trelew, a través del Centro de Estudios Legales y Sociales.